Dos madres con su hija defienden sus derechos en la sede del PP

Gloria, Silvia y su hija entregaron en la sede del PP de esta carta exigiendo igualdad

En estos días se cumplen 6 años de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular para invalidar la reforma del Código Civil que reconocía el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo. Este cambio legal constituyó un histórico avance al ampliar la protección legal a nuestra realidad familiar, tanto de nuestras parejas como de nuestros hijos e hijas. Tras décadas de invisibilidad y marginación, supuso un reconocimiento de nuestra dignidad en una sociedad avanzada, plural y diversa. Este hecho debería producir satisfacción no sólo en el colectivo afectado, también en el conjunto de la ciudadanía en la medida en que es una ampliación de derechos y libertades.

El recurso que el partido político que usted preside presentó está siendo una auténtica espada de Damocles para decenas de miles de familias. Sí, familias que están compuestas por dos mujeres, dos hombres, por sus hijos e hijas, con sus respectivas familias extensas que incluyen a abuelos y abuelas, tíos y tías… que vivimos desde entonces en un clima de incertidumbre e inseguridad. Y ese no es el mejor contexto para desarrollar nuestros proyectos de vida y, lo más importante, los de nuestros niños y niñas.

Incertidumbre porque, aunque tenemos la convicción del acto de justicia que supuso la reforma del Código Civil, efectivamente, ha de ser el Tribunal Constitucional el que sancione su plena compatibilidad con la Carta Magna porque así lo ha querido el Partido Popular que con su recurso persigue anular una reforma, que no perjudica a nadie y sí implica dignidad y felicidad para muchas familias.

Además, sufrimos inseguridad por las consecuencias que podría tener una sentencia negativa del Constitucional o una “contrarreforma” impulsada por una hipotética mayoría política de su partido para esas decenas de miles de familias que en estos años han podido “salir del armario” ganando protección y dignidad. ¿Habría algo más cruel que negarnos las indudables mejoras que hemos vivido como madres y padres, que han vivido nuestros hijos e hijas? El tiempo transcurrido ha desmentido algunos de los argumentos más manidos en su momento. Los modelos de familia más tradicionales ni se han roto ni se han visto socavados. Cada pareja, cada proyecto de convivencia ha podido elegir, libremente, gracias a la reforma del Código Civil, cómo organizar su relación afectiva, sin perjudicar en ningún momento unas opciones a otras. El único perjuicio que existe es aquel que se deriva de un modelo excluyente que niega la pluralidad que ahora mismo la legalidad sí ampara. La igualdad de un colectivo ha de ser completa o, por el contrario, no lo es. Por esta razón es vital respetar la libertad de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales para elegir, en caso de querer afianzar su unión desde el punto de vista legal, entre un enlace en matrimonio o por una unión de pareja de hecho; sólo así la convivencia de estas personas se producirá en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie se mantiene esta duda jurídica y esto nos crea un gran desasosiego.

Cuando dice en los medios de comunicación que usted es favorable a reconocer derechos a nuestras familias pero que discrepa en que a eso se le llame “matrimonio” ha de saber que no es una argumento aceptable: nuestras familias son tan dignas como las que forman parejas heterosexuales y por tanto ¿por qué habrían de tener una denominación diferente y un reconocimiento legal distinto de estas? Lo que es igual ha de llamarse de la misma manera. Cualquier otra fórmula nos remite a sistemas de segregación racial de infausto recuerdo que se empeñaban en autojustificarse negando su raíz discriminatoria cuando afirmaban que personas blancas y negras tenían los mismos derechos siempre que estos se ejercieran dentro de sus respectivas comunidades.

Por todo lo que le hemos expuesto le pedimos que retire el recurso de anticonstitucionalidad. En su mano está acabar, de una vez por todas, con el desasosiego y la inseguridad que durante 6 años hemos sufrido. Suya es la responsabilidad de reconocer legalmente, como ya han hecho muchos países en todo el mundo, en plano de total igualdad, una realidad social que no puede invisibilizarse.

Merecemos la dignidad y la libertad de cualquier otra persona. Existíamos, existimos y existiremos de hecho, con recurso o sin recurso, con sentencia del Constitucional positiva o negativa. El debate real es si una sociedad democrática y avanzada, como la española, está dispuesta a soportar un escenario en el que se condene, otra vez, a la clandestinidad a miles de familias vetando nuestro derecho más elemental al amor y la felicidad.

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